Con 35 votos a favor, la Cámara de Senadores respaldó el dictamen que permitirá al Gobierno legislar mediante decretos legislativos en asuntos relacionados con la seguridad ciudadana y la atención del fenómeno El Niño.
El Pleno del Senado de la República aprobó este miércoles 21 de octubre el dictamen que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 90 días calendario, en 27 materias vinculadas con la lucha contra la inseguridad ciudadana y la prevención y atención de los efectos del fenómeno El Niño.
La propuesta obtuvo 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, con el respaldo de parlamentarios de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras.
El texto aprobado fue elaborado por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, presidida por el legislador Carlos Mesía, luego de revisar la propuesta remitida por la Cámara de Diputados, que inicialmente contemplaba 20 puntos.
¿En qué materias podrá legislar el Ejecutivo?
La delegación comprende disposiciones orientadas a fortalecer la respuesta estatal frente a la criminalidad y mejorar los mecanismos de prevención y atención de emergencias climáticas.
Entre las principales medidas contempladas destacan:
- Seguridad ciudadana: fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada, la extorsión, el sicariato y otros delitos graves.
- Sistema penitenciario: reformas para modernizar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y mejorar la gestión de los establecimientos penitenciarios.
- Intervención de las Fuerzas Armadas: regulación de supuestos excepcionales de apoyo a la Policía Nacional frente a organizaciones criminales.
- Legítima defensa: modificaciones al Código Penal para establecer una presunción legal relativa sobre la racionalidad de la defensa frente a una agresión.
- Control migratorio: modificaciones normativas relacionadas con migración, nacionalidad e identificación de personas.
- Inteligencia y tecnología: fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y de los mecanismos de identificación y geolocalización de dispositivos utilizados para cometer delitos.
- Fenómeno El Niño: medidas para agilizar intervenciones preventivas, obras de infraestructura, atención de emergencias y asistencia a las poblaciones afectadas.
¿Qué implica la delegación de facultades legislativas?
La Constitución Política del Perú permite que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos, siempre que se establezcan expresamente las materias autorizadas y el plazo correspondiente.
En ese sentido, la delegación no constituye una autorización ilimitada para modificar el ordenamiento jurídico. El Gobierno deberá respetar los alcances establecidos en la ley autoritativa, así como los principios, derechos y garantías reconocidos por la Constitución.
Los decretos legislativos que se emitan estarán sujetos a los mecanismos de control parlamentario y constitucional correspondientes.
Control constitucional y límites de la delegación
Uno de los principales aspectos jurídicos de esta decisión será garantizar que las disposiciones aprobadas por el Ejecutivo respeten los principios de legalidad, proporcionalidad, debido proceso y protección de los derechos fundamentales.
Especial atención merecerán las eventuales modificaciones al Código Penal, la legislación penitenciaria y las normas que regulan la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas con la seguridad interna.
Asimismo, las medidas destinadas a enfrentar el fenómeno El Niño deberán observar las exigencias de transparencia, fiscalización y uso adecuado de los recursos públicos.
La aprobación del Senado representa un avance en el procedimiento legislativo para otorgar facultades al Ejecutivo. No obstante, la implementación de estas medidas dependerá de la culminación del trámite correspondiente y de la posterior emisión de los decretos legislativos dentro de los límites autorizados.
Desde una perspectiva constitucional, el ejercicio de las facultades delegadas deberá mantener el equilibrio entre la necesidad de adoptar medidas urgentes y la obligación del Estado de garantizar el respeto del ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales.
