El abogado Javier Adrianzen Carreño acudió a la Fiscalía de la Nación por un presunto abuso de autoridad. El cuestionamiento se centra en la publicación de la norma sin la firma de Óscar Reto, presidente de la cámara de diputados.
El abogado Javier Adrianzen Carreño presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra Keiko Fujimori, Luis Galarreta y los senadores Miguel Torres y Alejandro Muñante por el presunto delito de abuso de autoridad, según informó La República este 23 de octubre de 2026.
La denuncia cuestiona la promulgación y publicación de la Ley N.° 32743, mediante la cual se delegan facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias vinculadas con la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.
¿Qué hechos se denuncian?
De acuerdo con la información periodística difundida por La República, Adrianzen sostiene que la norma fue publicada sin las firmas del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, y de su primera vicepresidenta, Analí Márquez. Esa presunta omisión constituye el fundamento del cuestionamiento formulado contra las autoridades.
La denuncia también comprende al gerente de El Peruano por su intervención en la publicación. Asimismo, el abogado solicitó que la Policía proceda a detener a los denunciados bajo el supuesto de flagrancia.
La denuncia y los pedidos deben ser evaluados
El punto central será determinar si los hechos descritos cuentan con respaldo documental y si la actuación atribuida a cada denunciado reúne los elementos del delito invocado. Para ello, resulta necesario examinar el procedimiento seguido, las competencias de los funcionarios y las circunstancias de su participación.
Desde una perspectiva jurídica, cuestionar la regularidad de un trámite legislativo y atribuir responsabilidad penal son asuntos que requieren evaluaciones específicas. La existencia de una presunta omisión formal no permite, por sí sola, concluir que todas las personas involucradas cometieron un delito.
De igual manera, solicitar una detención por flagrancia no significa que esta se encuentre legalmente justificada ni que haya sido ordenada. Su procedencia requiere una evaluación propia por las autoridades competentes.
¿Qué implica la presentación de esta denuncia?
La denuncia pone los hechos en conocimiento del Ministerio Público para su evaluación. Su presentación no equivale a una declaración de culpabilidad, a la apertura automática de un proceso judicial ni a una decisión que deje sin efecto la ley cuestionada.
La información consultada da cuenta de la denuncia y de las solicitudes del abogado, pero no permite afirmar que exista una resolución fiscal o judicial que las haya acogido. El desarrollo del caso deberá abordarse respetando la presunción de inocencia y el derecho de defensa de las personas denunciadas.
