El Pleno de la Junta Nacional de Justicia consideró que el magistrado incurrió en una falta muy grave al retrasar la entrega escrita de una resolución de prisión preventiva y el envío de la apelación a la instancia superior. La decisión fue adoptada por mayoría.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó este viernes 18 de setiembre al juez Richard Concepción Carhuancho, conocido por haber tenido a su cargo diversos procesos vinculados al caso Lava Jato.
La decisión fue aprobada por mayoría del Pleno de la JNJ, luego de evaluar una queja presentada por el abogado Mateo Castañeda, quien sostuvo que el magistrado afectó sus derechos al demorar la tramitación de una apelación contra una orden de prisión preventiva dictada en noviembre de 2024.
¿Qué hechos originaron el proceso disciplinario?
El caso se remonta al 22 de noviembre de 2024, cuando Concepción Carhuancho dictó oralmente una resolución de prisión preventiva contra Mateo Castañeda, investigado en el caso Los Waykis en la Sombra.
Según lo informado, la resolución escrita debía ser entregada dentro de las 24 horas siguientes. Sin embargo, el acta estuvo disponible recién el 4 de diciembre. Posteriormente, la apelación también debía ser concedida y elevada a la instancia superior en un plazo de 24 horas, pero ello ocurrió recién el 16 de diciembre.
Para la JNJ, estas demoras afectaron el derecho del investigado a que una instancia superior revisara oportunamente la medida de prisión preventiva y constituyeron una falta de especial gravedad.
El Tribunal Constitucional también revisó el caso
La controversia llegó previamente al Tribunal Constitucional, que evaluó un pedido de libertad presentado a favor de Castañeda.
De acuerdo con el reporte de La República, el TC consideró que el retraso en la entrega de la resolución y en la elevación del recurso impidió temporalmente que otro órgano jurisdiccional revisara la situación del investigado, afectando su derecho de defensa. Ese pronunciamiento sirvió como antecedente para que la JNJ iniciara de oficio el procedimiento disciplinario.
Los argumentos de la defensa del juez
La defensa de Concepción Carhuancho cuestionó el procedimiento por distintos motivos. Entre sus argumentos sostuvo que el plazo para investigarlo había vencido, que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ya había archivado una queja vinculada a los mismos hechos y que la elevada carga laboral del juzgado debía ser considerada al evaluar las demoras.
La ponencia de la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, rechazó estos argumentos. Según el reporte periodístico, la Junta sostuvo que el plazo aplicable para la investigación era de dos años y que el procedimiento previo de control judicial no había examinado exactamente todos los hechos evaluados posteriormente por la JNJ.
JNJ consideró insuficiente una sanción menor
Otro punto central de la decisión fue la proporcionalidad de la sanción. La JNJ concluyó que una suspensión no resultaba suficiente frente a la gravedad que atribuía a las demoras procesales. Aunque Castañeda recuperó posteriormente su libertad luego de que una sala superior revocara la prisión preventiva, la posición mayoritaria consideró que el perjuicio procesal ya se había producido.
La destitución no fue unánime. De acuerdo con La República, el consejero Jaime de la Puente Parodi votó en contra de la medida.
Naciones Unidas cuestionó el procedimiento
Antes de que se adoptara la decisión final, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó preocupación por el procedimiento disciplinario seguido contra Concepción Carhuancho.
La experta señaló que el caso había sido revisado previamente por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y manifestó reparos sobre el uso de mecanismos disciplinarios contra jueces y fiscales, así como sobre el debido proceso y la proporcionalidad de las sanciones.
Satterthwaite sostuvo que los magistrados sometidos a procedimientos de destitución deben contar con garantías suficientes de imparcialidad y con la posibilidad de obtener una revisión independiente de las decisiones disciplinarias.
La destitución de Richard Concepción Carhuancho vuelve a colocar en discusión los límites entre la responsabilidad disciplinaria de los magistrados y las garantías necesarias para preservar la independencia judicial.
Por un lado, la JNJ considera que el incumplimiento de plazos vinculados a una medida tan gravosa como la prisión preventiva puede generar afectaciones directas al derecho de defensa y justificar la máxima sanción disciplinaria.
Por otro, la defensa del magistrado y la relatora de Naciones Unidas han planteado cuestionamientos respecto del procedimiento, la proporcionalidad de la sanción y la intervención disciplinaria sobre decisiones o actuaciones propias de la función jurisdiccional.
